Las energías renovables son una pieza clave en el cambio de modelo energético y se debería continuar apostando por ellas, según Juantxo López de Uralde: “no hay que criminalizar la energía eólica -ha dicho el dirigente de Equo-, sino a los políticos corruptos y a los empresarios que intentan comprarles”. Así, Equo considera "inaceptable el tráfico de influencias, prevaricación y cohecho que parece estar detrás de la concesión de 35 parques eólicos en Castilla y León". En ese sentido, el partido de López de Uralde ha difundido hoy un comunicado en el que demanda a las autoridades competentes "la investigación inmediata de la concesión irregular de los 35 parques" con el fin de que se esclarezcan "las responsabilidades legales y [se proceda a] la devolución de las comisiones".
La sombra de Iberdrola
Equo también denuncia que, "durante los años en los que se ha producido esa connivencia del sector público y privado, la empresa Iberdrola, a través de sus filiales, solicitó numerosas nuevas instalaciones de parques eólicos, algunas de ellas con una fuerte oposición de grupos locales y ecologistas". Según el partido de Uralde, las autoridades de la Junta de Castilla y León permitieron a los solicitantes la comisión de "artimañas legales" -como el fraccionamiento de proyectos o la ubicación de nuevas instalaciones en zonas protegidas de la comunidad-, hecho que los ecologistas califican de "muy grave", y que entroncaría con otro igualmente escandaloso: "los mismos encargados de la concesión de autorizaciones parecen haber sido los favorecidos por los 110 millones de euros pagados por Iberdrola".
Hacienda ocultó el informe
Según los ecologistas, además, todo ello se produjo gracias a "la inestimable ayuda de la delegada de Hacienda Georgina Lastra, quién guardó el informe en un cajón durante varios meses, por lo que debería ser apartada del funcionariado público de forma inmediata”, según ha reclamado Alejandro Martínez, de Equo Castilla y León. El partido ecologista solicita por todo ello "la dimisión de todos los responsables, incluyendo al responsable de los nombramientos, Juan Vicente Herrera [presidente de la Junta], quien otorgó su confianza en numerosas ocasiones a los imputados por este delito". Equo pide asimismo "una revisión de los proyectos solicitados que han de hacerse públicos y estudiar la legalidad de esas concesiones", ya que - afirma Martínez- “mucho nos tememos que han sido un coladero de irregularidades, incluso cuando las alegaciones presentadas advertían a la administración pública de esos fallos”.
