Las decisiones legislativas relacionadas con las renovables en los últimos años y los argumentos esgrimidos para llevarlas a cabo pueden hacer pensar que los que trabajamos, de un modo u otro, en el sector de las renovables estamos bailando no con la más fea pero sí con la más mala. Una idea que no tiene ningún sentido y que en absoluto se ajusta a la verdad, a pesar de que el poder político y mediático, alentado por el poder económico que domina el panorama energético en España, repita ese mensaje hasta la saciedad. El resultado es que inevitablemente cala en la ciudadanía.
De todo ello se ha hablado hoy en la jornada organizada por La Oficina de Javier García Breva, que se ha encargado de abrir el debate. “Los cambios regulatorios relacionados con la energía se producen ahora de día en día”, ha denunciado. Para García Breva la reforma eléctrica “adolece de un déficit democrático que la convierte en un ejemplo de falta de transparencia que penaliza a las inversiones renovables con una permanente incertidumbre regulatoria y a los consumidores al impedirles que puedan reducir sus costes energéticos a través de la eficiencia energética y el autoconsumo”.
Todo ello, en un escenario de inseguridad jurídica. “Mientras el Gobierno parece preocuparse de la seguridad jurídica de grandes empresas –basta oír las declaraciones relacionados con el caso de Repsol en Argentina– el sistema energético en España vive en la más absoluta inseguridad jurídica, que parece el único método de regulación de las inversiones renovables”.
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, ha apuntado que la reforma eléctrica se está haciendo contraviniendo las directivas europeas, “y muy especialmente la de Renovables 2009/28/CE. Cumplimos tres años con la directiva en vigor sin que se haya transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico, lo que impide el ejercicio de sus derechos a inversores y consumidores”. También ha recordado las opiniones críticas de reguladores como las extintas Comisión Nacional de Energía y Comisión Nacional de la Competencia, del Consejo de Estado y de la propia Comisión Europea “que no va a aceptar la retroactividad”.
La reforma de los “in”
Jaume Margarit, director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), ha calificado la reforma eléctrica de “improcedente, incoherente, inadecuada e insostenible”. Y ha echado la vista atrás para recordar que “a pesar que desde el año 2009 las renovables han visto reducidos sus ingresos, el déficit de tarifa no para de crecer. Igual deberían empezar a buscar culpables en otro lado”.
Margarit ha pedido que se preste más atención al mercado de la electricidad en España. “Hay muchos estudios que determinan que el déficit de tarifa se debe a la ineficiencia de ese mercado”.
Una ineficiencia que no es solo económica. “Lo primero que el libre mercado debería asegurar es el libre acceso de generadores y clientes. Pero el hecho es que este mercado lo manejan cinco agentes (en referencia a las grandes eléctricas de Unesa) que, además, están en toda la cadena de valor, en generación, distribución y comercialización”.
“Fotovoltaicos del mundo, uníos”
En su turno, Martín Pallín ha recogido el argumento de Margarit sobre las acusaciones de culpabilidad para decir que “el veredicto debería ser: las renovables no son culpables. Y así lo determinaría cualquier tribunal”. El exmagistrado del Tribunal Supremo se ha referido al desbarajuste normativo que afecta últimamente a las energías limpias con esta pregunta: “¿qué aparecerá hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre renovables?
Martín Pallín, que sigue ejerciendo como abogado en el despacho Life Abogados, considera que “no nos costaría ningún trabajo convencer a un juez que si el sector eléctrico tiene que sufrir algunos cambios que lo hagan sostenible, no puede ser a costa de las renovables”.
Uno de los temas que mayor debate ha generado es el de la defensa de nuestras renovables en los tribunales europeos. “Empieza a haber en España sensibilidad jurídica hacia el Derecho Europeo. Y no es solo sensibilidad. Es que lo imponen las leyes”, ha dicho en referencia al celo que ponen los tribunales españoles para que los casos se juzguen aquí, en casa, y no trasciendan, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, o al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
“Creo que hay base suficiente para reclamar judicialmente”, ha dicho Martín Pallín, mientras recordaba las reclamaciones de seguridad jurídica del propio Rajoy en el caso de Repsol en Argentina. Pero conviene tener en cuenta que “el principio de concentración y de unidad refuerza las posibilidades de éxito”. Por eso ha insistido en que en este caso bien valdría lanzar el mensaje de “fotovoltaicos del mundo, uníos”.
