Miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han acudido esta mañana a las puertas del Ministerio de Industria y de Unesa, la patronal de las eléctricas, vestidos de cobradores del frac, simbolizando a una ciudadanía que reclama el pago de la deuda por un dinero que las eléctricas han cobrado de más y que, entre otras cosas, “serviría para paliar el dramático problema de la pobreza energética”.
Al mismo tiempo, en otros puntos del Estado se han llevado a cabo actuaciones similares de denuncia a las empresas energéticas, que “deben ser conscientes de que gestionan un bien que tiene la particularidad de servicio público”. Por la tarde, los terceros miércoles de los meses de invierno, se llevarán a cabo concentraciones en las principales plazas de las ciudades, denunciando la situación.
El frío del invierno volverá a azotar los hogares en situación de pobreza energética, al mismo tiempo que se hace pública la investigación de la Fiscalía Anticorrupción al Ministerio de Industria “por olvidarse de reclamar a las eléctricas 3.400 millones que habían cobrado de más como Costes de Transición a la Competencia (CTC)”.
El pasado domingo, el diario El País publicaba que la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación sobre el que sería “el caso de corrupción de mayor importe económico de los destapados hasta la fecha en la historia de España: la prescripción de la obligación por parte de las empresas eléctricas de devolver esos 3.400 millones”.
La investigación deriva de una denuncia presentada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, un colectivo formado por más de 300 organizaciones y 2.700 personas, unidas por un modelo energético sostenible, basado en las energías renovables, el ahorro, la eficiencia y la soberanía energética.
La Plataforma ha convocado mañana a los medios de comunicación para aportar todos los detalles de la denuncia, y aclarar aspectos sobre los diferentes gobiernos implicados, el impacto sobre la actual factura de electricidad de los ciudadanos y las vías existentes de recuperación del importe presuntamente prescrito.
Paradojas
“La situación es paradójica”, explican desde la Plataforma. El Estado debe velar por los intereses de la ciudadanía, y especialmente por la protección de las personas más vulnerables. Las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas natural, respectivamente, obligan a los Estados miembros a tomar medidas contra la pobreza energética, elaborar planes nacionales, y proteger a los clientes vulnerables.
“Pues bien, no sólo no se toman medidas sino que el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, ha votado en contra de varias proposiciones de la oposición para abordar el problema”. Al mismo tiempo, con un informe en la mano de la Abogacía General del Estado, que en 2008 dictaminaba que efectivamente las eléctricas habían cobrado 3.400 millones extra como CTC, “dejaron pasar el plazo de cuatro años para reclamarles su devolución”.
La pobreza energética se define como la incapacidad para pagar los servicios mínimos energéticos, como por ejemplo mantener el hogar en a una temperatura adecuada. Afecta a amplias capas de la población, tanto a las personas con menos recursos como a clases medias. La escalada de los precios de la energía y la mala calidad generalizada de la construcción en el Estado español son las causas principales del problema, que se ve agravado por una situación de crisis generalizada en la que los ingresos de muchos hogares se han visto reducidos. “Las consecuencias de la pobreza energética van desde la falta de integración, de aseo (por falta de agua caliente), de comida caliente, de estudio (por falta de iluminación), hasta la muerte sobrevenida en invierno de 7.000 personas al año”.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se convoca a la ciudadanía a las acciones que durante el invierno se llevarán a cabo. Comenzarán hoy miércoles 19 de noviembre en la Puerta de Sol de Madrid a las 20:30 h.
